Lo que se había planteado inicialmente como una oportunidad para los transportistas venezolanos en la frontera se ha convertido en un gran reto. El 21 de julio de 2023, se alcanzó un acuerdo entre Venezuela y Colombia para facilitar el tránsito de vehículos de transporte público entre ambos países, lo que tenía el potencial de beneficiar a transportistas y usuarios de estos servicios.
Sin embargo, las complicadas exigencias establecidas por las autoridades colombianas y el gobierno del área metropolitana de Norte de Santander han llevado a que más del 90% de la flota de transporte de Venezuela no pueda cruzar la frontera.
Requisitos impuestos a los transportistas venezolanos
Los requisitos que deben cumplir los transportistas venezolanos incluyen:
- Licencia de conducción.
- Revisión técnico-mecánica (costo de 501.274 pesos o 132 dólares).
- Seguro obligatorio SOAT vigente (605.000 pesos o 160 dólares).
- Documentación personal: pasaporte vigente, cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT) y Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).
Desde el 1 de abril, el área metropolitana de Cúcuta ha añadido una nueva exigencia: un certificado que cuesta 87 mil pesos (23 dólares). Este requerimiento no fue discutido en las reuniones bilaterales. “Nos imponen un certificado que nunca se habló en la mesa de binacional con un mundo de trabas”, comentó Jorge Romero, presidente de la línea de transporte V República.
Este gasto debe ser asumido anualmente, y, a pesar de que algunos transportistas logran cumplir con todos los requisitos, muchos no pueden recuperar los costos relacionados con la obtención de los permisos necesarios.
Línea de transporte denuncia limitaciones en su acceso a Colombia
Romero subrayó que estas regulaciones han dejado sin operar a muchas empresas de transporte que ya brindaban sus servicios en la frontera, lo que ha afectado gravemente a numerosas familias. Cuatro vehículos fueron sancionados por no cumplir con el último requisito, lo que resultó en la retención de sus unidades. En consecuencia, la empresa optó por presentar una denuncia, pero esto llevó a que todos los vehículos de la línea quedaran prohibidos de cruzar.
“Somos una línea con 115 vehículos, y por cuatro autos tenemos a 111 familias sufriendo las consecuencias de las decisiones del área metropolitana de Cúcuta”, expresó. La empresa ha presentado denuncias y tutelas con la esperanza de revertir estas restricciones. Las pérdidas acumuladas de los transportistas en la frontera, tras cien días de inactividad, superan los 2.400 millones de pesos.
“Somos una línea con 115 vehículos, y por cuatro autos tenemos a 111 familias sufriendo las consecuencias de las decisiones del área metropolitana de Cúcuta”
Romero también cuestionó la falta de coherencia en las nuevas normativas, que han incorporado revisiones técnicas y preventivas adicionales. “Estamos paralizados, y por eso 111 familias están padeciendo. Somos 115 familias, y por cuatro vehículos que tienen ciertos problemas, nadie se preocupa por hacer un procedimiento,” concluyó.
Estas y otras irregularidades han sido presentadas ante el Consejo Legislativo del Táchira. Los transportistas esperan que las autoridades, tanto a nivel regional como nacional, logren un acuerdo que asegure un trato justo para quienes operan en la frontera.
