El ganadero tachirense Waldo Rujano Mora presentó una denuncia formal ante el Circuito Judicial Penal de San Cristóbal, en el estado Táchira, señalando una presunta red de extorsión integrada por individuos que se identifican como periodistas.
Entre los acusados se encuentra Gustavo Lainette, a quien Waldo Rujano acusa de exigirle una suma considerable en dólares para evitar la difusión de informaciones que lo vincularían con el narcotráfico colombiano. Al negarse a pagar, el empresario asegura que iniciaron una campaña de desprestigio en su contra con publicaciones basadas en hechos inexistentes.
Querella ante el Poder Judicial
Según el documento consignado ante las autoridades, Rujano Mora solicita que se procesen penalmente a Lainette y otros involucrados en la presunta red de extorsión, quienes continúan divulgando información falsa a través de distintos portales digitales ya identificados.
El ganadero sostiene que, entre agosto y diciembre de 2024, se publicaron al menos siete artículos en plataformas digitales con “contenido absolutamente falso y orientado a generar odio público en su contra”. Además, asegura que estas publicaciones afectan no solo su imagen, sino también la de su esposa, Gisela Coromoto Garófalo de Rujano, y sus hijos Vicente Rujano y Andrea Paola Rujano. En la querella se menciona que las imágenes utilizadas en dichas publicaciones han sido manipuladas digitalmente, según análisis forenses presentados como prueba.
Un historial de extorsión digital
Uno de los portales desde donde se han difundido estas acusaciones es “elpublique.me”, un sitio dirigido por Jorge Elías Castro Fernández, un individuo con antecedentes judiciales en Venezuela y España. En 2023, Castro Fernández fue detenido en territorio español por el delito de estafa y en su momento fue señalado como “el extorsionador más grande de Venezuela” debido a su modus operandi: la creación de múltiples sitios web para publicar información falsa sobre empresarios y exigirles pagos a cambio de retirar el contenido.
Castro Fernández también ha sido vinculado con actividades ilegales en el pasado. En 2008, el Tribunal Tercero de Control de Caracas emitió una orden de captura en su contra tras la divulgación no autorizada de imágenes del periodista Javier García, quien fue asesinado con arma blanca. Además, se le señala como exfuncionario de la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), de donde fue destituido tras descubrirse que vendió su credencial al narcotraficante colombiano Wilber Alirio Varela, alias “Jabón”.
Actualmente, Castro Fernández presuntamente mantiene vínculos con la campaña de difamación contra Waldo Rujano Mora, actuando en complicidad con Gustavo Lainette y otros supuestos periodistas radicados en el estado Táchira.
Vinculación con operaciones políticas
Lainette también ha sido relacionado con actividades políticas. Según declaraciones previas del ministro Diosdado Cabello, Lainette formó parte del equipo de “Ya Casi Venezuela”, un movimiento opositor que, según el gobierno, buscaba recaudar fondos para financiar una intervención armada en el país con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro. El propio Lainette habría admitido públicamente su participación en dicho proyecto.
Varios medios de comunicación en Táchira han replicado las acusaciones contra Waldo Rujano Mora y su familia, algunas con la advertencia de que “esta historia continuará”, lo que el ganadero interpreta como una amenaza de que la campaña en su contra persistirá si no accede a las exigencias económicas de los presuntos extorsionadores.
Evidencia presentada y exigencias legales
En la querella consignada ante el Circuito Judicial Penal de San Cristóbal, Waldo Rujano asegura contar con audios en los que Lainette le exige el pago de una suma en dólares para detener la publicación de más artículos. En estas grabaciones, el acusado menciona el nombre de otro comunicador tachirense a quien supuestamente entregaría el 50% del dinero obtenido mediante la extorsión.
Por estos hechos, el ganadero solicita a las autoridades que procesen penalmente a los responsables por los delitos de extorsión, promoción del odio, revelación indebida de información personal y asociación para delinquir. La denuncia busca poner fin a la campaña de desprestigio en su contra y establecer precedentes ante este tipo de prácticas en el ámbito digital.
